Detalle de la Noticia

LEY CONTRA LA ESTAFA INMOBILIARIA

Se encuentra en vigencia la LEY CONTRA LA ESTAFA INMOBILIARIA a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República N° 39.912 del 30 de abril de 2012.

Como lo define su Artículo 1, dicha  Ley tiene como objeto establecer un conjunto de normas dirigidas a regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas; considerando el proceso de la construcción y todos los convenios entre particulares, cualesquiera sea su denominación contractual, mediante el empleo o artificios de engaño e incumplimiento, sancionando penalmente el delito de estafa inmobiliaria y otros fraudes afines.

Según el Artículo 6, El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, será el órgano rector del sistema de construcción y venta de viviendas en el país, y le corresponderá crear la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat; deberá elaborar las políticas y estrategias que velen por la aplicación y cumplimiento de dicha Ley, haciendo el seguimiento y control del proceso de construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas, en concordancia con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.

Conforme el Artículo 7 de la Ley, a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat,  corresponderá ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado, a las constructoras y sus representantes; y entre sus múltiples atribuciones se encuentran:  Velar por el cumplimiento de los deberes, derechos y garantías contenidos en dicha Ley;  Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento de la Ley, a los fines del ejercicio de sus atribuciones en materia de vivienda;  y revisar los contratos de venta y preventa destinados a viviendas en proceso de construcción y construidas, entre otras.

Destacamos que se crea el Registro Nacional de constructoras, contratistas, productoras, promotoras de viviendas y demás organizaciones civiles y no gubernamentales, dedicadas a la construcción, venta y preventa de viviendas, así como establecer su normativa y ejercer las funciones de seguimiento y control, garantizando su actualización permanente,  y que conforme a la Disposición Transitoria Tercera, el constructor, promotor, productor o contratista de un proyecto de venta y preventa de viviendas, tendrá un lapso de sesenta días para registrarse ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, así como adecuarse a la  Ley.


Por otra parte, el Artículo 14 establece de manera imperativa los requisitos que deben contener los contratos o documentos equivalentes regulados por la Ley que celebren las personas naturales o jurídicas; y se establece expresamente que los contratos modelos deben ser previamente revisados y aprobados por la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat,
 
Es de interés destacar también que se establece en el Artículo 18 la prohibición absoluta para que los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas, ofrecidas y contratadas en venta o preventa, decidan rescindir los contratos unilateralmente;  con la excepción que se produzca el incumplimiento o falta de pago por más de noventa días de cualquiera de las cuotas previstas en el contrato, por causas atribuibles al comprador; sin embargo, la solicitud de rescisión debe ser “avalada” (sic) por la Dirección General  de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Sin embargo, el Artículo 19 permite  que el comprador SI pueda dar por terminado unilateralmente el contrato mediante simple notificación por escrito  al constructor, contratista, productor o promotor de viviendas  y a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, con un máximo de noventa días de anticipación.

En caso de rescisión del contrato el Artículo 20 de la ley establece que el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, deberá reintegrar al comprador la totalidad del o los montos dados en pago, así como sus intereses, dentro del plazo de treinta días continuos, contados a partir de la fecha de notificación dada por escrito, y la prohibición absoluta de estipular cualquier  cláusula penal, bajo pena de sanción.


SANCIONES:

Entre las múltiples sanciones que impone la Ley, resaltamos en estas notas:

a) Las previstas en el Artículo 40: Multas de doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.), a quienes incumplan las estipulaciones previstas en los artículos 17, 20 (conceder retenciones y/o cláusulas penales a favor del vendedor) y 21; multas de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), a quienes incumplan las estipulaciones previstas en los artículos 13, 14 (violación de los requisitos establecidos para los contratos y evadir la aprobación previa de  la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat), 22 y 30; todo sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.

b) Las previstas en el Artículo 43 para los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas, que incurran en la apropiación de los dineros recibidos de mano de los optantes o compradores de viviendas en proceso de construcción o aún no construidas, y se apropien de estos dineros sin cumplir con la ejecución y entrega de los inmuebles prometidos, quienes serán sancionados penalmente según lo establecido en el Código Penal y deberán resarcir el monto total de los recursos percibidos a cada uno de los compradores, más los intereses calculados a la tasa promedio de los cinco principales bancos del país; de igual manera deberán cancelar una indemnización por daños y perjuicios de seiscientas Unidades Tributarias (600 U.T.), a cada comprador sujeto de la estafa, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.

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