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SC/TSJ Ratificó la Indicación del Lugar de Pago como Requisito de Validez de Letra de Cambio

Sentencia N° 866 publicada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“SC/TSJ”) el día 22 de Junio de 2012, en la que se estudia el tema de la referencia.

(i) Sentencia Nº 866 SC/TSJ Letra de Cambio Validez (Caso: Unión de Conductores San Antonio S.C): La SC/TSJ ratificó que la indicación del lugar de pago es un requisito de validez de la letra de cambio, así sostuvo: “A juicio de la apoderada judicial de la parte actora se violentaron sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, establecidos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Indicó que en el presente caso, la letra de cambio no estableció el lugar donde debía verificarse el pago; no obstante, según el fallo accionado, el número de registro de información fiscal (RIF J- 00312136-3), señalado en la misma “suple” la dirección o sitio geográfico del pago y que el juzgado presunto agraviante no se pronunció en cuanto a que el instrumento calificado como letra de cambio tampoco establecía el sitio de emisión o expedición tal como lo prevé el ordinal 7° del artículo 410 del Código de Comercio.

Que la forma como fue apreciado el documento denominado letra de cambio es errónea, y tal forma de valoración incidió de manera determinante en la resolución de la controversia, puesto que si dicho instrumento hubiese sido valorado acertadamente, con apego a lo establecido en los ordinales 5º y 7º del artículo 410 del Código de Comercio, el juzgado presunto agraviante habría confirmado la decisión de primera instancia.

Por su parte, la representante del Ministerio Público pidió se declare con lugar la acción propuesta, en virtud de que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, incurrió en lesión al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, toda vez que el instrumento denominado letra de cambio no cumplía con todos los requisitos formales establecidos en el artículo 410 del Código de Comercio.

Asimismo, destacó que tanto la referida constancia emanada de la Directiva de Unión de Conductores San Antonio S.C., como la aludida acta de asamblea ordinaria de socios, fueron promovidas como elementos de prueba por el reclamante, la primera, en copia certificada durante el lapso probatorio y la última como copia fotostática de un instrumento público, conjuntamente con los informes de segunda instancia. Sin embargo, las pruebas en mención no fueron valoradas por el tribunal accionado, incurriendo nuevamente en vicios que vulneran principios fundamentales.

Ahora bien, de las actas del expediente, de las exposiciones realizadas al momento de celebrarse la audiencia oral por las respectivas representaciones del demandante, del tercero interviniente y de la representante del Ministerio Público, la Sala estima que el amparo interpuesto debe ser declarado con lugar, por los motivos que a continuación se indican:

En relación al domicilio establecido en las obligaciones cambiarias, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 230 de 30 de abril de 2002, señaló:

De las normas contenidas en el Código de Comercio así como de la jurisprudencia transcrita supra, que esta Sala hace suya, se desprende que la indicación expresa del lugar de pago, es un requisito esencial para la validez de la letra (requisito formal) que únicamente de forma excepcional podría suplirse con la dirección que se señale al lado del nombre del librado, so pena de ser declarada como no válida en atención al artículo 411 eiusdem que así expresamente lo dispone. De allí que, el tribunal accionado no podía suplir tal carencia mediante la determinación en el lugar del domicilio fiscal de la accionante, con la sola indicación de su número de RIF, pues tal dirección fiscal es del conocimiento de la administración tributaria y no de los particulares. Por tanto, el juez presunto agraviante se extralimitó en sus funciones al otorgar validez a un título que carecía de los requisitos legales y con ello incurrió en las denunciadas violaciones constitucionales. Así se declara.”