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Sentencia dictada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia - Validez de obligaciones en moneda extranjera

De importantísima relevancia es la reciente Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 02 de noviembre de dos mil once (2011) que, en Recurso Extraordinario de Revisión declaró la nulidad de la sentencia N° 000602-2009 que había sido dictada el 29 de octubre de 2009 por la Sala de Casación Civil del mismo Tribunal Supremo de Justicia y que declaró sin lugar el Recurso de Casación interpuesto por MOTORES DE VENEZUELA, MOTORVENCA, C.A. contra la Sentencia dictada el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, que había declarado como NO VALIDA la oferta real consignada por MOTORVENCA a favor del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, en virtud de haber consignado la cantidad de Bs.377.490.928,oo, como equivalente en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente para la fecha de la oferta de la cantidad de US$ 228,413.55, y no esta ultima cantidad de moneda extranjera conforme había sido convenido contractualmente por las partes .

En la sentencia anulada, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia compartía la tesis del Tribunal Superior en el sentido de que el deudor debía haber consignado el monto en moneda extranjera en que había sido contraída la obligación, y no su equivalente en bolívares al momento del pago, aduciendo para ello las siguientes razones:
1) Que la compañía oferente asumió de manera expresa la obligación de pagar el préstamo que le confirió el instituto bancario oferido, en dólares de los Estados Unidos de América como moneda de pago.
2) Que no obstante la existencia en el país de un régimen de control de cambio, la compañía deudora oferente, contaba conmedios alternativos legales para obtener divisas necesarias a los fines de cumplir con la obligación de pago en moneda extranjera, asumidapor ella.
3) Que la oferta de pago de la deuda a cargo de la compañía oferente fue realizada por ésta en Bolívares, estableciendo la cantidad adeudada en moneda extranjera, mediante el equivalente en moneda nacional de acuerdo al cambio fijado para la fecha de la oferta
4) Que de conformidad con el Artículo 1.264 del Código Civil las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas, y conforme lo establecido por el artículo 1.290 del mismo Código no puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta a la que se le debe, aunque el valor de la cosa ofrecida fuese igual o aún mayor al de aquella, por lo que no podía obligarse al oferido a aceptar al pago que le había sido ofrecido por medio de este procedimiento, porque la deudora oferente no lo hizo en la moneda que se obligó a pagar –dólares de los Estados Unidos de América- sino en una moneda distinta –Bolívares; y afirmó en consecuencia que teniendo el deudor la carga de cumplir con la obligación de pago en moneda extranjera había asumido también implícitamente la carga de adquirir la divisa requerida para esos fines, lo cual podía hacerlo a través de los mecanismos previstos en la normativa cambiaria.

Conforme esta novísima Sentencia de la Sala Constitucional, de obligatorio acatamiento por los demás Tribunales de la Repúbica, queda claramente asentado que al establecerse como medio de pago una divisa extranjera, esta deberá necesariamente considerarse como una moneda de cuenta y no como una moneda de pago, es decir, que el deudor no puede ser constreñido a cancelar en la moneda que fue contractualmente estipulada, sino que él queda liberado al efectuar el pago mediante la entrega del contravalor en bolívares al momento en que este se efectúe; y, además, queda definitivamente claro que establecer obligaciones en moneda extranjera no constituye ilícito cambiario En confirmación de lo anterior, a continuación transcribimos algunos extractos destacables de la sentencia comentada:

“ Es de advertir, que el régimen de control de cambio vigente a partir del 5 de febrero de 2003 mediante el cual se fijan requisitos para que las personas naturales y jurídicas e instituciones de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta para que en los contratos se utilice una moneda extranjera como elemento o referencia de pago de obligaciones contractuales, ello no encierra ilicitud ninguna, por cuanto el bolívar es moneda de curso legal, mas no de curso forzoso entre particulares. Así se declara“ (omissis)

“ De todo lo cual se colige que en Venezuela no está expresamente prohibida la celebración de pactos cuyo cumplimiento, sea estipulado en moneda extranjera, siempre y cuando los mismos se adapten al marco cambiario existente cuyo funcionamiento arriba se explicó. De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean contrarias a derecho, específicamente a los convenios suscritos por la República, la normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que sí viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberación debe hacerse en Bolívares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebración del contrato; puesto que toda divisa que ingrese físicamente al territorio nacional deberá ser vendida al Banco Central de Venezuela“ (omissis)

“ En definitiva, la entrada en vigencia del nuevo sistema cambiario implicó, desde un primer momento y en virtud de su aplicación inmediata, una modificación sustancial para aquellos contratos celebrados entre particulares en los que se hubiere estipulado el pago con moneda extranjera en el territorio nacional, aunque tal modificación solo a los efectos del cumplimiento de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas sólo que, sobrevenidamente una causa extraña no imputable a las partes, conocida en doctrina como “hecho del príncipe”, ha jurídicamente variado la forma en la que han de ser cumplidas las referidas obligaciones contractuales“ (omissis)

“ Trasladando las implicaciones prácticas de las referencias doctrinales al caso de autos, y considerando que las normas cambiarias se encuentran destinadas a la protección de las reservas internacionales a través del saneamiento del mercado de divisas, se considera que la inserción de las políticas cambiarias no invalidó las contrataciones pactadas en moneda extranjera pagaderas dentro del territorio de la República, sino que modificó su cumplimiento. De tal modo que en estos casos la moneda que inicialmente fue estipulada como moneda de pago pasa a ser una moneda de referencia en función del cambio oficial establecido para la fecha de realizarse el pago”

Lo anterior concuerda con el criterio que hemos expresado en anteriores oportunidades a algunos de nuestros clientes en el sentido de que, conforme a nuestra legislación vigente, es perfectamente válido el contraer obligaciones en moneda extranjera, y eso no viola la normativa cambiaria en vigor: el deudor puede optar por pagar en la moneda extranjera estipulada, si ello le es posible, mas no puede condenársele a ello sino al pago del correspondiente contravalor en bolívares.

Obviamente, quedan pendientes muchas interrogantes en la realidad económica frente al odioso control cambiario, pero es incuestionable la licitud del pacto de la obligación en moneda extranjera.